viernes, 11 de noviembre de 2011

POR - EUTIMIO LUKE La Comunitaria Cupiraca

Promueven los medios comunitarios y



 alternativos


Aprobado en primera discusión Proyecto



 de Ley de Comunicación del Poder



 Popular

La normativa formará parte de la nueva legalidad revolucionaria y democrática y conformará el Bloque de Leyes del Poder Popular

Con el propósito de brindar las herramientas jurídicas necesarias para que el pueblo defienda su derecho a estar informado y a neutralizar las conductas antiéticas de algunas empresas de comunicación que, actuando al margen de la Constitución, instigan al odio y a la violencia a través de sus mensajes, la Plenaria de la Asamblea Nacional, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular.

El Presidente de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Medios de Comunicación, diputado Darío Vivas (PSUV/Distrito Capital), destacó que el Proyecto de Ley de Comunicación Popular, reforzará el concepto de Pueblo Legislador y reivindicará la participación del “Pueblo Comunicador” quienes podrán usar el espacio radioeléctrico venezolano.

La presente normativa formará parte de la nueva legalidad revolucionaria y democrática y conformará el Bloque de Leyes del Poder Popular. Al tiempo que reafirmó que el instrumento legal permitirá dotar al pueblo, tal como basado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, “donde expresa que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo enmarcado en la democracia participativa y protagónica de la Revolución Bolivariana”.

Por su parte, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Blanca Eekhout, aclaró a la bancada de la derecha que “ésta no es una ley de medios, es una ley para la comunicación. El medio es sólo un recurso más. La información no puede ser determinada por los medios”.

Explicó que la comunicación no debe ser privilegio de un pequeño grupo que tiene el poder económico sino un instrumento para la libertad y la convivencia de las comunidades.

En este mismo orden de ideas, el primer vicepresidente de la AN Aristóbulo Istúriz, dijo que hay que acabar con la colegiación ya que a su juicio hace mucho daño al pueblo, "eso hay que borrarlo aquí, solo un grupo es el que tiene derecho, esos son puros intereses de unos grupitos que no le paran al pueblo".

Cabe resaltar que la encargada de presentar el Proyecto de Ley de Comunicación del Poder Popular, fue Karina Rivas, representante del Colectivo Radiofónico Petare del estado Miranda, quien declaró ante la Plenaria que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, por lo que se hace necesario fomentar la comunicación y el protagonismo de la ciudadanía.

Destacó Rivas que esta ley es el resultado de un detallado debate nacional que involucró a múltiples grupos organizados. Además, Rivas señaló que se deben agrupar a los nuevos actores de la comunicación bajo una misma ley.

“Tomando en consideración el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación en todas sus formas. Los venezolanos y venezolanas tienen derecho a una información adecuada, veraz, imparcial y oportuna”, expresó.

Subrayó que el pueblo debe luchar por la consolidación de una comunicación liberadora con el fin de construir una nueva República.

“Los medios alternativos y comunitarios no están suficientemente regulados. Somos más de 1.200 medios alternativos. Es necesario presentar y aprobar una nueva legislación. Para que sea ésta el espacio idóneo para expresar, integrar y articular el procesos comunicacionales que se generan en las comunidades organizadas y los movimientos sociales”, puntualizó.

El texto legal dotará a los medios de comunicación alternativos y comunitarios de una nueva institucionalidad que permitirá desarrollar a plenitud el derecho al pueblo a estar informado mediante una comunicación que responda a sus intereses.

Los temas más emblemáticos del Proyecto de ley que promueven los medios comunitarios y alternativos tienen que ver con la redistribución del espectro radioeléctrico entre los sectores privado, público y popular, y con lo relativo a la sustentabilidad, financiamiento y publicidad.

En el primer caso, el texto propone que se democraticen la distribución y el uso del espectro en partes iguales: 33.33% para el Estado, 33.33% para las empresas privadas de comunicación y 33.33% para el sector comunitario alternativo.

En el segundo, plantea que “cada municipio, estado, instituto autónomo, entidad ministerial, empresa de producción social y toda expresión institucional de la V República” destine a los medios comunitarios y alternativos legalmente establecidos un porcentaje no menor a 50% de la partida presupuestaria para publicidad.



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