jueves, 17 de noviembre de 2011

“Los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía, han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia, lo cual implica el alza constante de precios sin ninguna razón, más que la explotación directa e indirecta del pueblo… El poder monopólico o monopsónico y la cartelización, se han constituido en la política aplicada por los empresarios para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponden con referentes internacionales, ni obedecen a una estructura de costo justificable. La generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no sólo el poder adquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas (P y ME`s ) con el comercio minorista, impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas y de mayor número de iniciativas empresariales. La existencia de precios altos en el mercado de insumos y en los servicios, reduce la rentabilidad mínima necesaria y resta capacidad para financiar nuevas inversiones. El pago de precios altos por parte de los consumidores, reduce la capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar…”.

El párrafo con que se inicia esta reflexión corresponde a la Exposición de Motivos de la Ley de Costos y Precios Justos. Las verdades que allí se mencionan son hartas conocidas por cualquier ciudadano venezolano que haya residido y resida en nuestra Patria, y a la vez constituyen las motivaciones fundamentales para la elaboración y aprobación de la Ley que hoy ocupa nuestra atención. Sin embargo, la oposición irracional que tenemos en Venezuela, prefiere desconocer esta realidad y decide lanzar a la opinión pública un nuevo infundio: la ley atenta contra la libertad de comercio de las y los venezolanos. Sin ninguna duda, la ley atenta contra los acaparadores, especuladores y usureros. Por otra parte, la Ley tiene fundamentos constitucionales explicados ampliamente en el capítulo VII, referido a los Derechos Económicos, desde el artículo 112 al 118. Así que la ley de costos y precios justos además de ser legal, es legítima; y podríamos decir que era una deuda de la AN con el pueblo venezolano.

El artículo 112 establece que: “todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes…” .Probablemente quienes atacan la Ley de costos y precios justos interpretan que se pueden dedicar libremente a especular, a acaparar y otras yerbas aromáticas. Sin embargo, les recomiendo leer con mucho cuidado el artículo 113 que establece claramente que “no se permitirán los monopolios… ni posición de dominio de un particular o de una empresa o conjunto de ellas”, prácticas que a los capitalistas tanto les encanta. En este mismo orden de idea, el artículo 114 establece que: el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, SERÁN PENADOS SEVERAMENTE de acuerdo con la ley. ¿Cuál ley? Precisamente la Ley de costos y precios justos. Adicionalmente, el artículo 117 establece que “todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad”, y por supuesto, a precios asequibles a la población.

A lo mejor, lo que más molesta a la oposición es que el alto costo de la vida y la escasez de algunos alimentos y bienes, situación generada en parte por ellos mismo, es uno de los filones que ellos utilizan para matar la esperanza del pueblo venezolano y que utilizarán en la campaña electoral del 2012 en contra del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Así mismo, muchos de ellos con la cultura política capitalista metida hasta los tuétanos, quieren “acostarse pobres y levantarse ricos”, a través de prácticas como el monopolio, acaparamiento, especulación, usura y cartelización; que son precisamente las prácticas perversas que combate la Ley de costos y precios justos, ya que son esas las prácticas que en buena medida son responsables de la inflación y del alto costo de la vida. De allí el ataque tan virulento contra esta ley.

Finalmente, señalamos que la Ley de costos y precios justos no es una ley para castrar la libertad económica de las y los venezolanos, sino para proteger al pueblo todo de los capitalistas que viven esclavizados ante el Dios dinero, y por conseguirlo en el tiempo más breve y de la forma más fácil, no tienen escrúpulos en arruinar al grueso de la población venezolana. Una tarea para las patrullas de vanguardia, para el pueblo organizado y para cualquier ciudadano amante de la verdad y la justicia, es ayudar a que el pueblo todo conozca las bondades de esta ley, y en consecuencia, la defienda. Viviremos y venceremos.

Guanare, 16 de noviembre de 2011.