Condenan a 6 años a ex director de centro
penitenciario El Dorado en Bolívar
(Caracas, 16 de diciembre de 2010) Después de la evaluación de los medios de pruebas presentados por el Ministerio Público, fue condenado a seis años de prisión y al pago de una multa, Marcos Jaime Leal, ex director del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como El Dorado.
El ex funcionario fue hallado responsable de la comisión del delito de concusión en perjuicio de un penado durante su gestión en 2009 en dicho recinto de reclusión del estado Bolívar.
Durante el debate oral y público, iniciado el 4 de noviembre, los fiscales 68° auxiliar nacional, 4° contra la corrupción y 2° en materia de derechos fundamentales de esa jurisdicción, María Navarro, Mayerling Acosta y Edgar Millán, respectivamente, ratificaron la acusación contra Leal por la comisión de los delitos de abuso contra el detenido Jhonny Bolívar y concusión contra el penado Francisco Javier Granados.
En ese sentido, el Tribunal 4° de Juicio del estado Bolívar, dictaminó que, efectivamente, el ex director del citado penal incurrió en el delito de concusión, sin embargo, desestimó el de abuso contra detenido, por lo que condenó a Jaime Leal a la referida pena y, además, a la cancelación de Bs.F. 2.500, equivalente al 50% de lo percibido ilegalmente, tal cual lo establece el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción.
Asimismo, el Tribunal ordenó que cumpliera la referida sentencia condenatoria en el área para funcionarios del Internado Judicial del estado Monagas, conocido como La Pica.
La investigación del caso se inició ante la denuncia interpuesta por una de las personas recluidas en El Dorado, mediante la cual se hacía referencia a presuntos maltratos en su contra.
Ante la denuncia, el fiscal auxiliar de la Fiscalía de Ejecución de Sentencia del estado Bolívar, Kaled Souki, procedió a efectuar una inspección en ese centro el 03 de agosto de 2009, con el objetivo de verificar la situación.
Posteriormente, Jaime fue detenido, al día siguiente, ante la orden de aprehensión existente en su contra, requerida por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 1° de Control del Segundo Circuito judicial, con sede en Puerto Ordaz.
En ese mismo Tribunal, fue imputado por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e igual acto contra detenido, por lo que fue privado de libertad y ordenada su reclusión en la sede de la Policía Patrulleros de Caroní.
Dentro del lapso legal, fue presentado el acto conclusivo acusatorio, realizada la audiencia preliminar y ordenado su enjuiciamiento, para concluir ahora con la referida condena.
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