Clbec Solicita Nulidad de Decreto de Funcionarios Policiales Pensionados por Invalidez
(Prensa, Clbec).- El Consejo Legislativo Bolivariano del estado Carabobo solicitará la nulidad del decreto mediante el cual el ejecutivo regional pasa a situación de retiro por invalidez, a un grupo de funcionarios policiales, sin la debida remuneración correspondiente de acuerdo a la escala de sueldos que la propia gobernación publicó recientemente.
La aprobación surgió luego del derecho de palabra del vicepresidente del Clbec Juan Perozo quien destacó que el pasado mes de diciembre mediante decreto 1334, el ejecutivo regional había otorgado a un grupo de funcionarios la pensión por invalidez permanente a partir del 1 de enero de 2012, pero antes de ello, el 21 de noviembre de 2011, el mismo gobernador publicó en la gaceta 3814 mediante decreto 1233, la escalas de suelos de acuerdo a rangos y jerarquías homologados según la organización policial y sus estatutos.
Perozo recordó que en junio de ese año, los funcionarios habían pasado por el proceso de homologación recibiendo la nueva jerarquía, pero “en una jugada maestra la gobernación publica el decreto de la escala para efectuarla en enero, pero cuatro días antes pensiona por invalidez a los funcionarios, pero con los sueldos viejos, es decir antes de la homologación, y estas son las irregularidades que solo un gobierno de la derecha puede hacer contra unas personas que estuvieron hasta 30 años trabajando al servicio del estado”.
- Es un atropello y entre las irregularidades se encuentran que con los rangos nuevos, ya se hacen merecedor de ese beneficio y se vulnera ese derecho. Además ellos hablan pensión de invalidez por lo que pedimos la nulidad de la gaceta 1334 por ser violatoria de los derechos de los trabajadores, pues los derechos laborales son progresivos. Y esto llevaremos también la vía jurisdiccional y al ministerio de interior y justicia.
Los derechos laborales so progresivos pues una ley que perjudica al trabajador.
Informó que de la misma manera se solicitarán los recaudos que el gobierno regional interpuso al instituto venezolano de los seguros sociales, donde certifica la incapacidad del funcionario, y que se haga una inspección a la comandancia para ver cual es la característica de la prestación de servicio de esos funcionarios estamos convencidos que el saboteo a la materia de seguridad está dentro de la institución policial pues no les han respetado sus derechos, de manera que hay una incompetencia manifiesta en materia de seguridad pues ni a sus mismos funcionarios han dotado”
Los derechos laborales so progresivos pues una ley que perjudica al trabajador.
Informó que de la misma manera se solicitarán los recaudos que el gobierno regional interpuso al instituto venezolano de los seguros sociales, donde certifica la incapacidad del funcionario, y que se haga una inspección a la comandancia para ver cual es la característica de la prestación de servicio de esos funcionarios estamos convencidos que el saboteo a la materia de seguridad está dentro de la institución policial pues no les han respetado sus derechos, de manera que hay una incompetencia manifiesta en materia de seguridad pues ni a sus mismos funcionarios han dotado”
El presidente Miguel Flores señaló que mas que como legislador como humano apoya la propuesta “y enviaremos un oficio al gobernador para que rectifique pues eso fue malsano así que publicaremos un rechazo a esto pues están acostumbrados a trabajar en silencio atropellando” e invitó a Prove a que los apoye aunque reconoció que el ejecutivo regional actual está en hora cero.
ATROPELLO A DOCENTES
La legisladora Blanca Bustamante pidió un derecho de palabra en el que denuncio el atropello por parte del gobernador de Carabobo a los docentes estadales.
Bustamante refirió que a los maestros le estaban amedrentando para que asistan actos de proselitismos político, sobre todo aquellos que poseen cargos de interinos, además de la suspensión de clases en Carlos Arvelo y los Guayos en horas de la tarde, para que ellos asistieran a estos actos, y que sirvieran de público.
- pero igual de grave es la denuncia de que la secretaría pretende imponer alas escuelas un modelo de boleta escolar totalmente distorsionado al modelo actual de nuestro sistema educativo, en el que no se basa en el curriculum base establecido por el ministerio, colocando logros académicos sin los rasgos de cada alumno, contrariando la ley de educación, de paso tienen que ellos hacer las copias de esa boleta.
Por esta razón, propuso que se le exhorte al gobernador exigiéndole que apegue a la constitución, y las leyes educativas, las actuaciones de la secretaria de educación del gobierno regional “y el cese inmediato de los atropellos y amenazas con fines proselitistas a los trabajadores de las escuelas estadales, pues los afectados además de los maestros, son los niños”.
Apoyaron la moción los legisladores José Muñoz y Juan Perozo quien denunció que incluso en las escuelas estadales están prohibiendo el uso de las computadores Canaima, “así que las pruebas existen en las aulas de clase, y con moral se hace la denuncia”.
INFORME DEL PROCURADOR
Ante el informe de gestión y cuenta del procurador del estado para el año 2011, el presidente Flores lo remitió a la comisión de finanzas y presupuesto a quienes solicitó se apoyen con el consultor jurídico del Clbec para que se revise exhaustivamente el citado informe de “pues parece un abogado privado del gobernador y no en el abogado del estado, le meteremos lupa a todo, pues su aprobación o no, se realizará en este parlamento”.
Por otro lado, durante la sesión, el presidente Flores solicitó una moción de urgencia para solicitar la aprobación de un crédito adicional remitido por el ejecutivo regional de 384 mil 741 bolívares con 32 céntimos, sobre el cual el parlamentario informó que se trataba de recursos para el consejo legislativo para la capacitación del recurso humano tanto dentro como fuera de la institución, para su mejoramiento profesional, así como también para obras de reparación al salón de los Escudos.
Sonsiré Ramírez apoyó la propuesta pues consideró apropiado que se aprueben recursos para mejorar el desempeño de las funciones públicas.
