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Valencia 13 de mayo de 2013 (Prensa-Alcaldía de Valencia) El alcalde bolivariano de Valencia, Edgardo Parra, en procura de garantizar a los ciudadanos el acceso de los alimentos de primera necesidad y contribuir con el Gobierno Nacional en la lucha contra la especulación y el acaparamiento.
Según Acta número 79 correspondiente a la Sesión Especial de Juramentación celebrada por la Cámara Municipal, en fecha 1 de Diciembre de 2008, publicada en Gaceta Municipal número 08/918 Extraordinario del 4 de diciembre de 2008, en uso de las atribuciones constitucionales y legales establecidas en los artículos 168 y178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 56 literal F, 88 numeral 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en concordancia con los artículos 7, 8 numerales 3 y 12, 16 numeral 8, Segundo Aparte, 49,65,102 numeral 3 y 115 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, concatenado con el artículo 9 numeral 1 de la Segunda Reforma Parcial de la Ordenanza de la Policía Municipal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ordenanza sobre Instrumentos Jurídicos Municipales, mediante el Decreto número DA/045/2013 prohíbe la venta a través del comercio informal o ambulante de productos de la cesta básica a precios que estén por encima de los establecidos en la lista de precios regulados.
Sobre este particular el mandatario municipal instruyó a la Dirección de Servicios Públicos del ayuntamiento local y al Instituto Municipal de la Policía de Valencia (Iampoval) para que conjuntamente con el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) inicien los operativos de fiscalización a los expendedores de la economía informal.
Indicó que se han de practicar todas las diligencias tendentes a investigar y hacer constar la presunta comisión de alguna infracción con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y en la responsabilidad del presunto infractor o infractora, así como al aseguramiento de los objetos relacionados con la comisión del hecho, a los fines de verificar quienes venden los productos de la cesta básica con sobreprecios.
Ratificó que quedan autorizados los funcionarios que realicen la fiscalización, para retener los productos de la cesta básica que estén siendo vendidos con sobreprecios por los trabajadores de la economía informal, los cuales serán puestos a la orden del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS) con el objeto de que se instaure el procedimiento legal correspondiente.
Quedarán encargados de la ejecución de este Decreto, indicó el alcalde Parra, que entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Municipal de Valencia, la Coordinación General de Operaciones, la Dirección de Servicios Públicos y el Instituto Autónomo Municipal de la Policía de Valencia (IAMPOVAL).
Cabe destacar que las medidas señaladas obedecen a que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 168 que los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y las leyes, comprendiendo la gestión en las materias de su competencia.
Asimismo toma en cuenta que los bienes y servicios de primera necesidad son aquellos que por esenciales e indispensables para la población, atienden al derecho a la vida y a la seguridad del Estado, determinados expresamente mediante Decreto por la Presidencia o Presidente de la República, en Consejo de Ministros.
Finalmente, indicó Parra, se ha considerado también que el trabajo constituye un derecho humano social, cuyo ejercicio comporta a cientos de personas dentro del Municipio Valencia, sea ejercido éste de manera formal o informal y que estos deben ceñirse a la normativa legal vigente, es por ello que el Ejecutivo Municipal se ha propuesto profundizar los operativos dirigidos a la economía informal, a los fines de controlar el expendio de productos regulados que sean revendidos al público con sobreprecio que llegan a cuadruplicar el costo estipulado por el Gobierno Nacional.
